COMISIÓN ENSEÑANZA: CARTA ABIERTA A LOS Y A LAS DOCENTES

Carta abierta elaborada por la Comisión de Enseñanza de la Asociación Intercolegial de Colegios Profesionales de Catalunya, Comisión de la que forma parte el Colegio Oficial de Pedagogía de Catalunya, representado por Àngel Casajús, vocal de Relaciones Institucionales.

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Seis meses después de aquel cierre de aulas se ha iniciado el nuevo curso escolar 2020-2021, en los centros educativos y en las universidades, y se ha hecho con una inequívoca apuesta por la educación presencial. La Comisión de Enseñanza de la Asociación intercolegial de Colegios Profesionales de Catalunya celebramos que, a pesar de las actuales circunstancias sanitarias, se reabren los centros educativos y las universidades y, transcurridos seis meses, el alumnado pueda retomar la actividad lectiva presencial, considerada como una prioridad. Hemos descubierto su importancia cuando hemos visto que peligraba. La educación es un servicio público esencial y un derecho que tenemos que garantizar. Por lo tanto, no nos situamos en una competencia entre derechos, sino en una concurrencia de derechos y es bajo esta óptica que es oportuno tomar decisiones. El derecho en la educación es un bien primordial, no una preferencia. Niños y niñas, adolescentes y jóvenes tienen derecho a recibir el máximo nivel de educación posible. Educar es posibilitar el desarrollo integral de las personas, es formar, es socializar, es bienestar, es integrar, y es la condición inicial necesaria para lograr la equidad. Hoy, garantizar el derecho en la educación para todo el mundo, con toda su amplitud, solo es posible desde la educación presencial o al menos, si esta presencialidad acontece la norma.

Este nuevo curso que ha empezado será atípico y no estará exento de incertidumbres. Niños, niñas y adolescentes necesitaban más que nunca volver a las aulas y en la comunidad educativa tenemos que encontrar la manera de continuar garantizando el derecho en la educación en un entorno de salud pública. Habrá que tomar decisiones en condiciones de incertidumbre, de ambigüedad, de complejidad y de presiones, asumiendo desde el inicio que no se puede exigir una seguridad total de riesgo cero, pero en ningún caso se puede abdicar de gestionar los riesgos, así que será necesario dar respuestas efectivas a los diferentes obstáculos que aparecerán. En este contexto la educación presencial tiene que seguir siendo la norma, pero habrá excepciones que no permitirán esta presencialidad. Será en estos casos que será necesario introducir la educación con formatos virtuales, como fórmula complementaria a la presencial. Y habrá que prever y arbitrar las medidas adecuadas en cada caso para garantizar el derecho a la educación, generando la confianza necesaria en toda la comunidad educativa, convencidos que las escuelas son entornos seguros, que no de riesgo cero. En este contexto, esta confianza pasa porque las administraciones educativas y sanitarias sean resolutivas en las instrucciones y los protocolos acompañen las direcciones de los centros y los y las profesionales docentes y doten de los recursos objetivamente posibles. Docentes, centros, administraciones y familias, todos y todas, tendremos que trabajar responsablemente con complicidad y mutua confianza, de otro modo pero con la misma finalidad de siempre: el desarrollo integral del alumnado.

Ahora hace seis meses los y las profesionales docentes encabezaron, silenciosamente y literalmente como pudieron y supieron, el ejercicio de su deber de educar para satisfacer el derecho a la educación. Y lo hicieron en un contexto muy adverso, en un camino de adaptación a una nueva y desconocida situación. Hoy, cuando se ha iniciado este nuevo curso y se ha retomado la educación presencial, todo el profesorado y los profesionales de la educación, tanto de los centros educativos como de las universidades se han vuelto a posicionarse ante la educación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, en un ejercicio de responsabilidad cívica y profesional, de responsabilidad colectiva prioritaria.

Desde la Comisión de Enseñanza de la intercolegial queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento a todo el profesorado porque sabemos que, por encima de todo, ejerce esta responsabilidad cívica que permite firmemente garantizar el derecho a la educación, situando el bienestar de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes como prioridad pública y asumiendo el sobre esfuerzo de adaptación a las actuales circunstancias inciertas.