El Consejo General de Colegios Oficiales de Pedagogos y Psicopedagogos de España, ante la aprobación de la ley de educación LOMLOE quiere dejar constancia que:
Por principio democrático, todas las leyes deben ser discutidas con la sociedad civil, sin excepción. La ley LOMLOE, se aprueba sin el concurso, no solo de la sociedad civil, sino, ni tan siquiera, del debate con los expertos.
En nuestro comunicado: LOMLOE; LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LOE, DEL 5 DE MARZO DE 2020i, pusimos de relieve la necesidad del consenso de la comunidad Educativa para afrontar los grandes problemas que asolan nuestro sistema educativo, retos como el fracaso y el abandono escolar y que las distintas leyes educativas – ya llevamos ocho desde la Transición, impulsadas desde posiciones partidistas- no han sabido hasta el momento superar.
En dicho comunicado insistíamos en que era necesario un proyecto legislativo con mayor fortaleza pedagógica que garantizase su eficacia y que ni la pedagogía ni sus profesionales habían participado en el proyecto de ley que se presentaba. Y nos poníamos a disposición para colaborar y participar con el Ministerio en el diseño de la política educativa futura.
Este Consejo General, que ha estado trabajando con los Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados en los meses anteriores, debe señalar que desde los grupos parlamentarios de gobierno se nos prometió un debate que finalmente no se ha producido. Con los Grupos vehiculamos nuestras enmiendas (APORTACIONES AL ANTEPROYECTO DE LEY LOMLOEii), y les hicimos partícipes de nuestras preocupaciones sobre el Proyecto de Ley y la necesidad de:
a) La creación de un CUERPO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA, (…)
b) Incorporar la ORIENTACIÓN EDUCATIVA a la etapa de Educación Primaria, con los profesionales mencionados en el apartado a).
c) Incorporar a la licenciatura y al grado de PEDAGOGÍA en el cuerpo de especialista en PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA. (…)
d) Dotar de mayor número de profesionales al CUERPO DE ORIENTACIÓN, por ende, de PEDAGOGOS/AS y PSICOPEDAGOGOS/AS.
e) Dotar de mayor número de profesionales al CUERPO DE PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA, por ende, de PEDAGOGOS/AS y PSICOPEDAGOGOS/AS
El Pacto de Estado educativo ya está firmado. Fue la Constitución española de 1978 que establece los puntos básicos y claves para con la educación. Este Consejo General manifiesta que ningún gobierno se ha comprometido al desarrollo de este pacto, que ninguna ley de educación aprobada en los últimos cuarenta años ha tenido tras de si, un diagnóstico técnico y pedagógico, severo e incontestable, dejando las decisiones al albur de los intereses ideológicos imperantes en cada momento.
Un claro ejemplo se ha constatado tristemente durante esta pandemia. La digitalización de la educación que se lleva prometiendo en los últimos veinte años no existe ni a nivel de dispositivos ni a nivel formativo pedagógico del profesorado. Y que también ha evidenciado el Consejo mediante el comunicado: REFLEXIONES Y RECOMENDACIONES PEDAGÓGICAS PARA LA EVALUACIÓN DEL CURSO 2019-2020iii. Desde hace años, este Consejo General, ha venido advirtiendo de la necesidad de tener una formación del profesorado, de acceso y permanente, adecuada. No parece razonable que la formación pedagógica no sea aportada por pedagogos y psicopedagogos/as y sus facultades, y en estos momentos, se estén perdiendo oportunidades que, a la postre, va en detrimento de los estudiantes.
La opcionalidad de elección de centro del sistema público español, ha venido siendo un punto fuerte del propio sistema reconocido internacionalmente. No se estima oportuno ni justo, y menos sin debate, incrementar la tensión y el desconcierto con una ley orgánica educativa en la dicotomía escuela pública/concertada. El reto es entender la escuela de forma holística como un servicio público, alejado de reduccionismos y de la falsa polémica pública/concertada. Es innegable que hay dos redes de escuelas pero un solo modelo. El reto es mejorar la escuela pública y la escuela concertada, reconocer el servicio que prestan ambas a la sociedad, aprovechando las mejores aportaciones de cada una para una educación equitativa, inclusiva y de calidad.
Del mismo modo, y tal y como hemos venido defendiendo, la atención individual a todo el alumnado y sus familias es un déficit estructural que no cuenta con los efectivos mínimos y está muy alejado de las consideraciones de diversas instituciones internacionales. No se ha tenido en cuenta las aportaciones que este Consejo ha hecho, a través de los Grupos Parlamentarios, sobre la orientación educativa, especialidad de la pedagogía, que continua infradotada permitiendo que el desempeño de estas funciones tan extraordinariamente técnicas, sean desarrollados por personal sin formación suficiente ni necesaria.
Lo mismo ocurre con las aportaciones que ha hecho el Consejo en materia de Educación Especial que tampoco se han escuchado. La atención al alumnado y a sus familias que por diversos motivos necesitan un apoyo individualizado, continuaran a merced del esfuerzo extraordinario de la escasa dotación de titulados en pedagogía que desempeñan su labor. Su incremento debería ser notable así como el mantenimiento de aquellos centros que, debido a las complejas situaciones diagnósticas de parte del alumnado, necesitan unas condiciones que los centros ordinarios no pueden aportar.
Por último, la LOMLOE, es una ley más que se ha aprobado sin ser discutida, debatida, consensuada y mejorada con la Comunidad Educativa. Es por eso que hacemos un llamamiento a las administraciones competentes en materia educativa para que faciliten un amplio debate y cuenten con la Comunidad Educativa y con los expertos en educación que son los pedagogos y psicopedagogos/as para afrontar los retos educativos que necesita nuestra sociedad.
