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Pobresa Zero “12 frentes en la lucha contra las desigualdades”

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Col·legi de Pedagogs de Catalunya > El Colegio > Pobresa Zero “12 frentes en la lucha contra las desigualdades”

Mañana, 17 de Octubre, se celebra DIA INTERNACIONAL PARA LA ERRADICACIÓN DE LA POBREZA y este año, como se ha hecho anteriormente, las entidades del ámbito de acción social que conforman la Campanya Pobresa Zero Catalunya, entre las cuales se encuentra el Col·lgi de Pedagogs de Catalunya como entidad promotora, han llevado a cabo hoy, 16 de Octubre, la lectura del manifiesto  "12 frentes en la lucha contra las desigualdades"



Esta acción simbólica pretende reclamar a los nuevos representantes institucionales políticas que actúen sobre las causas estructurales de las desigualdades con el objetivo de favorecer la redistribución de la riqueza, ofrecer un marco real de igualdad de oportunidades y garantizar una vida digna para todo el mundo.

El acto se ha iniciado a las 11 con la lectura del manifiesto “¡Póntelo en la agenda! 12 frentes en la lucha contra las desigualdades”, delante del Parlament de Catalunya, reuniendo a medios de comunicación y a las entidades adheridas al manifiesto.


MANIFIESTO 2015 | ¡PÓNTELO EN LA AGENDA!

12 FRENTES EN LA LUCHA CONTRA LAS DESIGUALDADES

Uno de cada cinco habitantes del planeta vive en situación de pobreza, la misma proporción que aquí. Delante de esta realidad inadmisible, los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, agenda de trabajo internacional hasta el 2030, instan a todos los países a cumplir determinadas metas. El primer objetivo es poner fin a la pobreza alrededor del mundo y el décimo defiende la adopción de nuevas políticas fiscales, salariales y de protección social para conseguir progresivamente una mayor igualdad.

Ante la necesidad de un cambio de modelo económico y social orientado a la justicia global, Pobresa Zero reivindica la responsabilidad de los poderes públicos de desplegar políticas predistributivas y redistributivas para reducir las desigualdades i erradicar la pobreza. Para conseguirlo reclama a las instituciones que se apunten en la agenda las propuestas en 12 frentes para hacer de Catalunya un país más justo, donde todas las personas tengamos las mismas oportunidades para una vida digna y llena, y que a la vez contribuya a hacerlo posible también en todo el mundo.

I. Construir un mercado de trabajo justo y una economía centrada en las personas

Según la OIT, “el trabajo remunerado dignamente ha de constituir la base de las estrategias encaminadas a reducir la desigualdad”. Las diferencias entre los salarios más altos y los más bajos han crecido a escala mundial, pero en España las desigualdades han crecido más que en cualquier otro Estado desarrollado y la brecha de género continua creciendo. En Catalunya, el 15% de los trabajadores son pobres y los salarios están por debajo de la media europea. Para superar esta realidad hace falta generar ocupación de calidad con un nuevo marco laboral orientado a repartir el trabajo y promocionar la equidad y la inclusión social, con contratos que garantizan la estabilidad y la dignidad, un salario mínimo más alto y una inspección efectiva que evite abusos. El avance hacia un modelo productivo y económico basado en la ética y la justicia social debe incluir políticas de soporte a la economía solidaria y un papel directo del Gobierno como generador de cambios a través de claustros sociales de contratación y compra pública.

II. Educar sin olvidar a nadie

Todas las personas tenemos derecho a la educación, pero la desigualdad económica y social condiciona el éxito educativo de niños, niñas y jóvenes. Proceder de entornos empobrecidos supone acceder más tarde a la oferta educativa, tener peores resultados y abandonar antes el sistema. El porcentaje de los jóvenes catalanes que dejan prematuramente los estudios o que ni estudian ni trabajan es de los más altos de Europa. No corregir las desigualdades supone una vulneración de derechos y un ataque a la cohesión social. Para reconducirlo se debe garantizar una educación equitativa y de calidad que asegure la igualdad de oportunidades, apostando por la educación 0-3 años y dotándonos de una escuela pública diversa, no segregada, inclusiva y gratuita. Hacen falta también más y mejores políticas de acompañamiento y orientación a niños y las niñas, jóvenes y sus familias y, sobre todo, garantizar a los más vulnerables el derecho a la educación más allá de la escuela.

III. Aplicar una fiscalidad justa

La política fiscal define el modelo de sociedad que queremos construir y es un pilar fundamental para la equidad. Para combatir las desigualdades hace falta revisar las políticas de recaudación y gastos y adoptar un sistema fiscal justo en el que paguen más aquellos que más tienen. Tenemos margen de maniobra: la presión fiscal en el Estado español está siete puntos por debajo de la media de la UE: un 37,8% del PIB frente el 45,2% europeo. Para una redistribución más justa y equitativa de los recursos hace falta aumentar la capacidad recaudatoria de la Generalitat con la reforma del impuesto sobre sucesiones y donaciones, desenvolver una hacienda propia que garantice los principios de proporcionalidad y responsabilidad, proteger el esfuerzo fiscal de los que menos tienen, blindar las cotizaciones en la Seguridad Social, potenciar la lucha contra el fraude y abrir la fiscalidad a la participación en base al principio de transparencia.

IV. Desarrollar un sistema de prestaciones que garantice unos mínimos a todo el mundo

El gran número de personas excluidas del sistema de protección social evidencia las limitaciones de un modelo complejo, incoherente y fragmentado. En Catalunya 519.800 desocupados no cobran subsidio ni prestación y 257.700 personas viven en hogares sin ningún ingreso. La cuantía de las prestaciones no llega al salario mínimo interprofesional y la cobertura es insuficiente. Para cumplir el artículo 24.3 del Estatut debemos garantizar unos ingresos mínimos a todo el mundo en la línea que plantea la ILP por una Renta Garantizada de Ciudadanía como derecho subjetivo, que más allá de permitir una vida digna instaure el valor de la autonomía personal como objetivo central de las políticas sociales.

V. Asegurar una vivienda digna para todo el mundo

En Catalunya se han iniciado más de 110.000 ejecuciones hipotecarias desde el 2008 y más de dos terceras partes de los 50 desahucios diarios tienen como causa el impago del alquiler. Más de 320.000 familias sufren pobreza energética y más de 11.500 personas no tienen hogar. El fomento de la vivienda en propiedad ha provocado sobreendeudamiento y la nefasta regulación del sistema bancario agrava la situación de las familias con dificultades. Para hacer frente se debe desenvolver el reglamento de la ley de medidas urgentes para afrontar la emergencia habitacional y la pobreza energética; ampliar el depósito público de alquiler social; fomentar usos alternativos de tenencia; e incrementar el depósito de centros de acogida y comedores para personas sin techo.

VI. Garantizar los servicios socio-sanitarios como derecho

Todos los españoles y los extranjeros en territorio nacional tienen derecho a la salud y a la asistencia social, pero los copagos ponen en peligro la equidad del sistema y son discriminatorios. El envejecimiento de la población y los cambios en las estructuras familiares requieren un nuevo modelo de atención socio-sanitaria que supere la fuerte asimetría actual entre los derechos y deberes de las usuarias del sistema sanitario y los de los servicios sociales. Ambos tienen que ser públicos e universales, basados en la solidaridad y el principio redistributivo, y financiados mayoritariamente a través de los impuestos con un porcentaje del PIB equivalente a la mediana de la UE-15. La atención debe estar centrada en la persona y promover su autonomía mediante la incorporación sistemática de la prevención del riesgo sanitario y social.

VII. Erradicar las políticas migratorias racistas

Las leyes y políticas actuales definen un apartheid jurídico que somete la población de origen inmigrante a una ciudadanía de segundo nivel y la crisis de refugiados pone de manifiesto el concepto de Europa-fortaleza, además de señalar que las grandes migraciones tienen, en origen, una causa de injusticia a menudo alimentada por intereses económicos y/o políticos. Reclaman un pacto europeo que garantice la igualdad de derechos y oportunidades y apueste por la pedagogía en todos los ámbitos. En el Estado español se debe derogar la Ley de Extranjería y las subsiguientes normativas que violan derechos fundamentales, suspender las órdenes de expulsión y cerrar los CIEs.

VIII. Fomentar un comercio equitativo y sostenible entre los países

Los actuales intercambios comerciales provocan graves daños sobre los derechos económicos, sociales y culturales de las poblaciones más vulnerables debido a un modelo comercial que destruye medios de subsistencia y saberes ancestrales. Delante de los límites ambientales y la huella ecológica del modelo de consumo, reclaman un comercio equitativo entre los países, respetuoso como la sostenibilidad del planeta y basado en el respeto de los derechos humanos. Para hacerlo efectivo se deben parar los tratados de Libre Comercio que pretenden liberalizar bienes y servicios y favorecer las inversiones de capital otorgando más poder a las transnacionales en detrimento de los poderes públicos; priorizar el bienestar de las personas y el medio ambiente por encima de los beneficios económicos; y promover la soberanía alimentaria.

IX. Exigir el control de las transacciones financieras

La economía especulativa ha ganado peso en detrimento de la productiva, que es la que crea ocupación y cubre las necesidades básicas, debido a la liberación de los mercados de capitales y los paraísos fiscales, entre otros. Para revertir esta deriva se deben regular los mercados de capitales; implantar un impuesto sobre las transacciones financieras para impulsar el desarrollo de los países empobrecidos y combatir el cambio climático; favorecer la transparencia financiera; y acabar con la evasión, el fraude fiscal y el blanqueo de capitales. En Catalunya reclaman una ley que impida la contratación pública de empresas radicadas o que operen en paraísos fiscales.

X. Auditar la deuda pública para dilucidar su legitimidad

El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas afirma que “la liquidación de la deuda con fondos oportunistas en condiciones abusivas tiene un efecto negativo directo en la capacidad de los gobernantes para cumplir sus obligaciones en materia de derechos humanos”. En un contexto en que la deuda externa podría ser considerada un mecanismo de dominación y empobrecimiento que perpetua unas relaciones injustas y desiguales, pedimos auditorias de las deudas públicas para dirimir su legitimidad; la reclamación de responsabilidades políticas y judiciales a los que hayan contraído deudas que han terminado vulnerando los derechos de la ciudadanía; y pautas para el endeudamiento futuro.

XI. Supervisar las inversiones realizadas por empresas transnacionales

La limitación de la responsabilidad de los gobiernos en el interior de sus fronteras comporta un vacío en la protección real de los derechos humanos a nivel internacional que las empresas transnacionales aprovechan a menudo al no verse obligadas a respetarlos allá donde invierten, pero los Estados pueden convertir los principios rectores de Naciones Unidas en obligatorios y acompañarlos de mecanismos de supervisión. Proponemos crear un observatorio público que emita informes independientes sobre los impactos de la inversión catalana al exterior y pedimos incorporar estos principios en la promoción de la internacionalización de la economía catalana como norma de obligado cumplimiento.

XII. Implementar una política pública de cooperación internacional coherente y justa

El compromiso de países enriquecidos de destinar el 0,7% del PIB al desarrollo de los más empobrecidos no se ha llegado a cumplir nunca, y en la práctica, los empobrecidos acaban convirtiéndose en acreedores netos de los enriquecidos por la devolución de las deudas y la repatriación de beneficios de las inversiones extranjeras directas. Aun habiendo quedado desfasado, conseguir el 0,7 mostraría una mínima voluntad política que debe ir acompañada de políticas transversales coherentes per fomentar el desarrollo sostenible, la igualdad de género y la construcción de la paz.

En definitiva, POBRESA ZERO RECLAMA actuar sobre las causas estructurales de las desigualdades potenciando los poderes públicos como actor principal de la cohesión social de la economía a través de la regulación para que los mercados trabajen también por el bienestar común, con el objetivo de ofrecer un marco real de igualdad de oportunidades, favorecer la redistribución de la riqueza y garantizar una vida digna para todo el mundo.

Barcelona, 17 de Octubre | Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza

Fecha de publicación: 16/10/2015

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